La denuncia tiene como trasfondo un conflicto familiar, que pretende ser endilgado a un miembro de la fuerza. Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que “todavía no hay ningún elemento concreto” que lo señale. Luciana González y Luciano Mascali abandonaron el país durante la feria judicial de invierno por considerar que “no tenían garantías” para quedarse.

Un integrante de la Policía de Investigaciones de Reconquista fue trasladado a la ciudad de Vera, como consecuencia de la denuncia por amenazas reiteradas formulada hace 40 días por el periodista Luciano Mascali y la abogada Luciana González. “Decidimos tomar esta medida, a pesar de que no tenemos elementos para cuestionarlo”, dijo el subsecretario de Investigación Criminal y Políticas Especiales, Rolando Galfrascoli.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que la decisión es “preventiva” y “por el grado de sobreexposición del policía, que no le sirve a la institución que basa gran parte de su estrategia en el bajo perfil” de sus funcionarios. En síntesis, “la medida fue sacarlo del entorno de conflicto”, reconoció Galfrascoli, y prometió que “mientras tanto vamos a seguir trabajando” en el caso.

Los denunciantes, que decidieron abandonar su ciudad durante la feria judicial de invierno, sostienen que vienen siendo víctimas de “difamaciones”, “hostigamientos” y hasta de “amenazas de muerte”, a raíz de un conflicto familiar que tiene como protagonista a la hermana del periodista Mascali y a su ex marido, el policía del que ahora se sospecha.

Mensajes anónimos

Un divorcio conflictivo y la promesa de inicio de acciones legales bajo la representación de la abogada González -que además es pareja del periodista-, pusieron a ambos en la mira de un anónimo que mediante mensajes de texto y llamados telefónicos alteró sus rutinas y los obligó a extremar las medidas de seguridad.

Tal fue el grado de paranoia al que fueron llevados, que decidieron abandonar el país durante la feria judicial de invierno por considerar que “no tienen las garantías” suficientes para quedarse. En cambio, accedieron a la custodia ofrecida por el Ministerio de Seguridad para la hermana de Mascali.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público de la Acusación desde hace 40 días, cuando el 9 de junio las víctimas realizaron la primera presentación; sin embargo, el hostigamiento telefónico se habría iniciado hace más de dos meses, cuando el conflicto familiar había llegado a un punto límite.

Violencia de género

“Primero fueron mensajes ofensivos y difamatorios, que se tornaron en amenazas de muerte concretas hacia mi persona, la hermana de Luciano y él”, señaló la Dra. González. “Concretamente, las amenazas permitían suponer seguimientos, lo que supone acceso a una estructura mayor, como intervenciones telefónicas, violación del correo privado y cuentas de Facebook”.

Para el periodista Mascali “estamos convencidos de que esto es un tema de un personal de la PDI pero que arranca por un problema de violencia de género que tiene que ver con mi hermana. Lo que ocurre es que mi hermana venía siendo sometida a violencia por el marido. Nunca le había hecho una denuncia; pero a partir de que empiezo una relación con Luciana, que es abogada, activó los reclamos legales y decidió citarlo para el régimen de visita y el tema del divorcio. Y es en esa semana cuando se realiza la citación que comienzan los mensajes de texto”.

Al comienzo los denunciantes prefirieron mantener el tema en reserva, pero el clima de tensión y acorralamiento fue in crescendo. “La sensación es que nos van a matar sin que nadie sepa por qué”, declaró la Dra. González.

Contra el regional

“Vivir en carne propia lo que es este nuevo sistema penal duele”, se quejó la abogada, que junto con Mascali solicitaron el apartamiento del Fiscal Regional Eladio García -González había pedido su destitución en otra causa-, en una reunión mantenida el 5 de julio con el Fiscal General, Julio De Olazabal. En la misma jornada la pareja fue recibida por el ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro; y ratificaron sus dichos ante la oficina de Asuntos Internos de Santa Fe, donde también se abrió un expediente.

“Es una situación grave, que alguien se anime a amenazar a una abogada que lleva causas de trascendencia y a un periodista reconocido, con esta impunidad realmente nos da miedo”, destacaron. En respuesta a los sucesivos reclamos, el Ministerio de Seguridad no sólo decidió el traslado del policía denunciado. “Hemos convocado al jefe de la PDI, comisario mayor Raimundo Martínez, le pedimos un informe verbal de la situación” y “nos explicó que conocía la situación personal de su subalterno”, dijo Galfrascoli. “Del informe de Martínez surge que ese policía no había tenido ningún tipo de problema anterior y que era un buen policía”.

Recuperar la confianza

También el comisario Martínez mantuvo una charla tensa con las víctimas, que no confían en los interlocutores que ofrece el Ministerio de Seguridad. Mientras tanto, el fiscal Aldo Gerosa, a cargo de la carpeta judicial, tomó licencia médica a comienzos de mes y fue reemplazado por su par el Dr. Rubén Martínez.

Por último, Gendarmería Nacional se encuentra peritando los mensajes recibidos por las víctimas y se espera que en los próximos días eleven un informe al fiscal con los resultados de la pesquisa. Mientras tanto, las autoridades de Seguridad mantendrán mañana una reunión con representantes del MPA de Reconquista, y con el abogado que patrocina a las víctimas, el Dr. Andrés Ghío, para “repasar lo que ha pasado hasta ahora” y “recomponer la confianza”, cerró Galfrascoli.

Juliano Salierno –  El Litoral