Nadie quiere hacerse cargo del muerto por la reforma tributaria. Más bien quisieran que se parezca a un accidente culposo.

 

El gobierno dice que las actuales alícuotas tributarias son bajas debido a “irrisorias” valuaciones fiscales que hace décadas no se modifican.

 

La atomizada oposición peronista acusa al oficialismo de ser malos administradores.

 

Dentro del frente gobernante los socios radicales se preguntan “¿por qué nos miran a nosotros si gobierna el socialismo”?. Pero no pueden hacerse los distraídos, y propusieron cambios al mensaje original para allanar el camino.

 

En el medio, la necesidad del gobierno provincial, compartida con municipios y comunas, de hacer frente a los gastos corrientes en un país inflacionario y con atento pronóstico político. Crudo y sin vueltas el Gobernador Bonfatti fue claro: “estamos rascando la olla para pagar sueldos”, responsabilizando a la disminución de los ingresos propios y nacionales, e incumplimientos financieros por parte de la Nación del orden de los dos mil millones de pesos.

 

De paso, cuando los primeros días de Julio el gobierno abone junto al sueldo el 3% final del 21% de aumento concedido en Marzo a los empleados públicos, es probable que los gremios pidan un suplemento (a ése tres por ciento) de entre dos y tres puntos mas; o bien abrir de inmediato una negociación hasta fin de año de entre un siete y un diez por ciento sobre aquel 21% pactado en las partirías. Por lo primero, desde el gobierno anticiparon que es “imposible”. Y sobre lo segundo solo esgrimieron un lacónico “veremos”.

 

La reforma como tribuna política. En el multiforme arco peronista parlamentario, al que el flamante Presidente del PJ José Freyre quiere ordenar unificando criterios a partir de esta semana, anidan varias posturas según a que caudillo y sus intereses electorales respondan los legisladores: desde la extrema posición del diputado “perottista” Roberto Mirabella que lisa y llanamente habla de una Provincia “fundida”; pasando por el comparativamente moderado “rossista” venadense Darío Mascioli, jefe de la bancada del FPV, que identificó al socialismo con un “barril sin fondo”; hasta el cuarteto de Producción y Trabajo de Alberto Maguid, que con sus reparos no tendría problemas en votar la reforma. Maguid sabe como nadie que el 91% de los ingresos del Estado son gastos corrientes, entre los que esta el sueldo de sus mas de 30 mil afiliados.

 

El “obeidismo”, que recurre a la muletilla jactanciosa de haber gobernado “sin aumentar un solo impuesto”, simplifica su postura recurriendo al “impuestazo socialista” fruto del genérico e impreciso “despilfarro”. Desde la Casa Gris se preguntan, no sin sorna, cuando el peronismo los acusa de ineptos, como puede ser que intendentes peronistas, supuestamente buenos administradores, llamen a menudo para pedir la reforma tributaria porque no pueden hacer frente a sus gastos y pago de salarios.

 

El bloque de diputados de Unión Pro Federal quiere discutir la reforma en profundidad, hacerle algunos cambios, y ayudar a que el gobierno pueda hacerse de las herramientas económicas que necesita para llevar adelante la crisis; aunque creen que podría haber otras salidas, como por ejemplo una moratoria condonando solo las multas, no los intereses, a 36 meses, para que la cobren municipios y comunas que dejaría unos 1000 millones de pesos. La alianza peronista-macrista también cree que la Provincia debe tomar un crédito (de dos mil millones por ejemplo) a 20 ó 30 años.

 

El peronismo supo aprovechar los fastidios intestinos entre radicales y socialistas para ganar tiempo y pedir que el oficialismo retire el actual proyecto y elabore uno nuevo. “Nadie pidió retirar el proyecto”, señalan desde la Casa Gris; en el área de Ingresos Públicos y bajo la atenta y coordinada mirada del senador radical Hugo Marcucci y su par socialista Miguel Lifschitz se están labrando algunos retoques y agregados al mensaje original, que les permita abrir las puertas para el definitivo tratamiento legislativo en Senadores antes del receso invernal que comienza el 16 de Julio. 

 

¿En que consistirían las correcciones?: A pedido del radicalismo se morigeraría el incremento del avalúo agropecuario y no se tocaría el urbano, de tal modo que no impacte en el aporte de los contribuyentes sobre bienes personales y ganancias presuntas.

 

En la provincia hay alrededor de 1.200.000 contribuyentes del Inmobiliario Urbano, de los cuales, la mitad -que sería la franja de clase media- sufriría subas que van desde el 51% hasta el 90% en algunos casos.

 

Tal como enunciamos en esta columna hace más de un mes, una variante sería la implementación de valores «fictos» para esos tributos y la Ley de Sellos, pero no para otros, como por ejemplo los que recauda la Nación.

 

También a instancias del radicalismo se gravarían con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las industrias cuya facturación anual supere los 50 millones de pesos con un tributo del 0,5 por ciento, que sería destinado a un Fondo de Obras Públicas.

 

También está previsto un incremento de medio punto (pasaría de 5,5 a 6 por ciento) el tributo que se cobra a entidades bancarias y financieras que no tengan sede central en la provincia.

 

Comienzan las oposiciones sectoriales

 

La Federación Gremial del Comercio e Industria que en su conjunto representan a 132 entidades empresariales de toda la provincia de Santa Fe esta en contra de la reforma tributaria, a la vez que considera un “despropósito” elevar la alícuota general y aumentar la presión fiscal a todos los contribuyentes de la provincia”.

 

También rechazan la incorporación de la actividad de la construcción como gravada con el 2,5% de Ingresos Brutos; y quiere que se revise la aplicación del impuesto, como el caso de Concesionarios Automotores, en los que se solicita se pague el impuesto solamente sobre el margen comisional y no sobre la totalidad del vehículo; y los agentes de cargas internacionales, actividad que se encuentra exenta en varias provincias de la Argentina y se grava plenamente en la nuestra”

 

El radicalismo avala la parada de Moyano

 

El Comité Nacional de la UCR, presidido por el santafesino Mario Barletta, bajo el título “con la inflación y el impuesto a las ganancias el gobierno le hace pagar el ajuste a  los trabajadores”, apoya “el justo reclamo de todos los trabajadores: Como lo hemos demostrado durante nuestros gobiernos, somos respetuosos de las decisiones que adoptan las organizaciones que los representan, del derecho constitucional a la huelga y a manifestarse en defensa de sus legítimas aspiraciones”.

 

Mientras tanto, los senadores radicales  Felipe Michlig (San Cristóbal), Orfilio Marcón (General Obligado), Germán Giaccomino (Constitución) y Rodrigo Borla (San Justo), reiteraron el reclamo para que el gobierno de la Nación aumente el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias por el grave perjuicio que está causando al poder adquisitivo de los trabajadores activos y pasivos.

 

Los legisladores integrantes del Bloque del Frente Progresista Cívico y Social entienden que es imperioso actualizar la base imponible ya que “ésta escala está confeccionada de forma tal que el impuesto que se paga está totalmente desactualizado en función de la inflación y el costo de vida imperante en nuestro país”

 

La CGT Santa Fe apoya con libertad de acción.

 

La central de trabajadores de Santa Fe que lidera Alberto Cejas “adhiere al reclamo  dispuesto por CGT Nacional en relación con la medida de fuerza del sindicato de Camioneros y el reclamo del impuesto a las ganancias pero queda a criterio de cada organización gremial la forma de implementar el acompañamiento”.

 

Señalan que “hoy nuevamente nos vemos en una situación de vulnerabilidad salarial mientras los grandes capitales financieros y multinacionales siguen disfrutando de diversas exenciones”.