La Justicia Federal dictó prisión preventiva para el enfermero Dardo Parra y el agente Mauricio Andino, acusados de formar parte de una red de vendedores barriales de cocaína y marihuana.

El juez Federal Nº 5 de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, procesó este lunes a dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial, acusados de formar parte de una red de vendedores barriales de marihuana y cocaína en la ciudad de Vera.

El magistrado encontró a Dardo Dante Parra, de 39 años y a Mauricio Raúl Andino, de 37, como probables autores del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, agravado por la participación de menores de 18 años y por la cercanía de los puntos de venta con instituciones pedagógicas y deportivas, confirmaron fuentes judiciales.

Además, Alurralde confirmó la prisión preventiva que vienen sufriendo ambos imputados, desde sus detenciones el 5 de septiembre pasado.

A raíz de una investigación iniciada en abril por la Brigada Operativa Departamental Nº 19 y dirigida por el fiscal Federal de Reconquista, Roberto Salum, el juez Alurralde extendió tres órdenes de allanamiento a comienzo de mes, para dar con los sospechosos y lograr el secuestro de material estupefacientes.

Si bien en un principio no estaba claro si los involucrados efectivamente eran agentes penitenciarios, esa versión fue confirmada por la policía poco antes de los allanamientos, por lo que se le dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos Penitenciarios, para que se realicen los sumarios correspondientes.

Los allanamientos

Tres requisas domiciliarias producidas por agentes antinarcóticos del departamento Vera determinaron que se trataba de dos trabajadores que se desempeñaban en la Unidad Penitenciaria Nº 10 de Santa Felicia.

El enfermero Dardo Parra fue apresado en su casa de pasaje Schamburg al 1200, del barrio Itatí y en su poder le secuestraron 100 gramos de cocaína, entre otros elementos de interés para la causa.

En el barrio Centro, en una casa de la calle 9 de Julio al 2000 fue arrestado Mauricio Andino, quien hasta ese entonces prestaba servicios como Ayudante 2º en la Sección Economato del penal. En su poder, la policía encontró 800 gramos de marihuana compactada, además de material informático y dinero en efectivo.

Todo culminó con el hallazgo de un joven de 16 años, hijo de uno de los imputados, que se encontraba en una casa de calle Alvear al 1900, al parecer realizando tareas de venta al menudeo. En su poder encontraron 24 bochitas de cocaína (71 g); 21 gramos de marihuana; y una planta de esta última sustancia vegetal prohibida. Por su edad, las autoridades pusieron al joven a resguardo.

Los agravantes

Debido a la actividad desplegada en Vera por los involucrados Parra y Andino, el juez Alurralde les atribuyó el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, el cual prevé una pena de 4 a 15 años de prisión -art. 5 inc. c de la Ley 23.737-.

Pero también adhirió los agravantes que aumenta las penas si los hechos se cometieren sirviéndose de menores de 18 años o en perjuicio de éstos y cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas y sociales.

El dato

Informes pendientes.

La investigación en torno a dos agentes del Servicio Penitenciario provincial tomó un nuevo rumbo tras el procesamiento del juez Aldo Alurralde. Una vez finalizada la investigación preliminar por la comercialización de estupefacientes en Vera, los funcionarios federales se preguntaron si acaso también eran proveedores internos en el penal donde trabajaban. Es por eso que el fiscal Roberto Salum aguarda informes, entre los que constan expedientes y sumarios administrativos, labrados por la autoridad de la Unidad Penal Nº 10 de Santa Felilcia.

El litoral