El organismo prevé incrementar en un 600% la radarización de las rutas santafesinas, y en ese sentido impulsa convenios con los gobiernos locales para la instalación de radares fijos de control de velocidad.

En la zona centro norte, las localidades elegidas son Calchaquí, Crespo y San Justo para el montaje de los dispositivos que serán de funcionamiento fijo.

Las multas previstas para quienes no respeten los límites de velocidad ascienden a $ 2.400, pero se reducen a la mitad por pago voluntario del infractor.

Homologados

Cada cinemómetro deberá estar homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), cumplir con los requisitos que establecen dos normas provinciales, legislación nacional y una resolución de la APSV. Además, tienen que ser calibrados una vez por año.

Para habilitar un cinemómetro, la Agencia de Seguridad Vial también debe controlar que las comunas y municipios coloquen la cartelería que advierte sobre la velocidad máxima permitida y la presencia del control electrónico.

El uso de los recursos económicos que generan los radares es un tema sensible. En los casos en los que se detectaron abusos, se cuestionó que era un mecanismo de financiación polémico para municipios y comunas que están cortos de recursos, y que lo hacían con el asesoramiento de estudios jurídicos de otras provincias y sin las habilitaciones correspondientes.

Convenios

“Hay una clara decisión política de fortalecer el control en la provincia”, dijo Mariano Cuvertino, titular de la APSV a El Litoral, y adelantó que también va a aumentar el personal de la Policía de Seguridad Vial, que en los próximos meses va a pasar de 170 a 250 efectivos.

Pero el número de radares también se incrementará porque se triplicarán, como mínimo, la cantidad de convenios que Vialidad Provincial firma con municipios y comunas que quieren realizar controles electrónicos de tránsito.