La empresa tuvo que afrontar en los últimos días un millonario pago en concepto de intereses por mora de deudas que no saldó la gestión anterior. La EPE fue intervenida por el gobierno de Perotti el 12 de diciembre pasado.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) le pagó el miércoles último a la distribuidora mayorista de energía Cammesa parte de los cerca de 520 millones de pesos que debe en concepto de intereses por mora de pagos que no efectuó la gestión anterior, y realiza gestiones para saldar la totalidad. Al mismo tiempo, la intervención de la firma eléctrica santafesina que encabeza Mauricio Caussi está terminando de elaborar un plan de acción, en todas las áreas de la empresa, que tendrá por objetivo “eficientizar el gasto” de la misma sin resentir el servicio.

Los aspectos más salientes de las deudas que la intervención fue encontrando tras hacerse cargo de la EPE fueron detallados el lunes pasado por la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana.

En un claro mensaje político, la funcionaria puso blanco sobre negro los números heredados de la anterior gestión provincial y abrió el camino al nuevo intento de la administración de Omar Perotti de insistir en breve con una nueva ley de emergencia que le permita readecuar partidas y enfrentar algunas cuentas en rojo.

Cabe recordar que esa ley había logrado la adhesión del Senado, pero tropezó en Diputados con el rechazo de los legisladores que responden mayoritariamente al ex gobernador Miguel Lifschitz, hoy presidente de la cámara Baja.

Entre esos números en rojo figuran las cuentas de la EPE. En el despacho del interventor Caussi observan detenidamente dos notas fechadas el martes pasado que remitió la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa).

Allí se detalla cómo fueron devengados los intereses por los diferimientos en los pagos y se explica que los mismos, por un total de 519.223.306 pesos, debían pagarse ayer.

Altas fuentes de la EPE confirmaron que efectivamente se afrontó parte de ese pago, al tiempo que detallaron que se sigue negociando con la mayorista Cammesa para saldar el resto.

El 12 de diciembre, dos días después de asumir la gobernación, Perotti dispuso la intervención de la EPE por un plazo de 120 días con el objetivo de “contar con un diagnóstico preciso y acabado de la situación actual” de la firma.

A casi un mes de asumir al frente esa intervención, Caussi está terminando de elaborar un plan de acción que se pondrá en marcha en el corto plazo y que afectará a todas las áreas de la empresa, con el fin de eficientizar el gasto de la misma.

Austeridad

La premisa que le dio el gobernador es la de “austeridad”, por lo que las distintas gerencias de la firma le están haciendo llegar al interventor diversos aspectos que él deberá terminar de elaborar y definir para llevar adelante el plan, que se prevé esté concluido a fin de este mes.

El mismo día que Perotti intervino la EPE, la empresa le debía a Cammesa 4.628.565.516 pesos. El 27 de ese mes, realizó un pago de 2 mil millones de pesos a los que ayer le sumó otro en el que empezó a saldar los intereses por mora.

Cammesa también le informó el martes pasado que se encuentran pendientes de pago la totalidad de consumos correspondientes al periodo octubre 2019, que vencieron el pasado 9 de diciembre y ascienden a unos 2.100 millones de pesos.

En el núcleo duro de la administración Perotti esperan poder tener éxito en este nuevo intento de lograr la sanción de la ley de emergencia, que aún está en etapa de evaluación y de búsqueda de consensos.

Mientras tanto, los números en rojo siguen sorprendiendo a los flamantes funcionarios provinciales. Y las cuentas de la EPE, parecen no ser la excepción.

Alerta gremial

Entre los documentos que maneja el interventor de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, hay uno que destaca la firma tiene pendiente de pago 570 millones de pesos a la Caja de Jubilaciones de la Provincia. El dato enciende las alertas en los gremios estatales y también fue puesto de relieve el lunes pasado por la ministra de Infraestructura, Silvina Frana.

Fuente – La Capital