La presidenta del directorio del Banco Nación, Silvina Batakis, consideró inviable la propuesta formulada por Vicentin a los acreedores en el marco del concurso preventivo, y validó el camino del crown down para superar la situación. Además, informó que la deuda de la concursada para con el banco oficial es de 340 millones de dólares, como piso.

Batakis y otros directores del Banco Nación recibieron este lunes a varios de los integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de la información y seguimiento de las causas judiciales iniciadas en razón del concurso de Vicentin S.A. que encabeza el justicialista Luis Rubeo. «El Banco ratificó claramente su posición de que es absolutamente ilegal la propuesta presentada por la firma dentro del concurso preventivo, que no hay posibilidad de que prospere ese ofrecimiento y la postura que dentro del crown down hay que marchar hacia una empresa mixta con mayoría estatal» coincidieron en afirmar el propio Rubeo así como Fabián Palo Oliver (Radicales Libres) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) al evaluar el encuentro porteño ante El Litoral. También asistieron a la reunión Ariel Bermúdez (Creo), Rubén Giustiniani (Igualdad) más el secretario de la comisión, Gustavo Peters.

La comisión gestionó el encuentro con el nuevo directorio del Banco que encabeza Batakis para saber si hubo algún cambio de opinión en relación al concurso de Vicentin. Algunos legisladores habían mantenido reuniones anteriormente con Eduardo Hecker, ex titular de la entidad y hoy director del Banco Central. Hecker, manifestó abiertamente en más de una oportunidad, incluso durante una visita que hiciera a Rosario, la posibilidad del cram down como una salida concreta con el apoyo del Nación una vez finalizado el período de exclusividad.

La comisión especial legislativa se conformó en abril del 2020 tras escuchar un informe muy crítico del ex vicepresidente del Banco, Claudio Lozano, sobre la política crediticia que había tenido la conducción anterior de la entidad oficial para con Vicentin. El grupo se reunió con el juez primitivo del concurso, con los gremios que intervienen en Vicentin, con el propio directorio de la firma así como con acreedores. Incluso en el propio recinto de la Cámara hubo dos reuniones abiertas para tratar la marcha del concurso y analizar posibles salidas.

«El directorio del Banco Nación ratificó la decisión de llegar a un proceso de crown down en Vicentin, avanzar en un modelo de economía mixta, denunciar como inviable la propuesta del consorcio y considerar las estafas como un proceso de desguace. También subrayó la necesidad del acompañamiento del gobierno provincial como de los acreedores santafesinos en el proceso que se abre. Por último fue mensurada en 340 millones de dólares la deuda de la firma con sede en Avellaneda para con la entidad financiera» coincidieron en remarcar los legisladores santafesinos.

«Como principal acreedor, el Banco Nación piensa en un modelo de empresa mixta» señalaron los tres voceros parlamentarios y para llegar a esa instancia esperan el rechazo a la propuesta elaborado por la concursada y que tiene el aval de bancos extranjeros y muchos acreedores.

El concurso de Vicentin se encuentra hoy en manos de la Corte Suprema de Justicia que debe definir si se hace cargo de la continuidad o bien lo devuelve al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien llevó adelante gran parte de la tarea, o lo pasa a un nuevo magistrado. En ámbitos tribunalicios se considera inminente la decisión de la Corte santafesina.

En caso de ir hacia el cram down los acreedores y actores interesados podrían formular una propuesta para tomar el control de la firma y es donde pretende tallar el Banco Nación. En tanto, no se conoce la postura oficial del gobierno santafesino. Los intentos de la comisión legislativa de entrevistarse con el gobernador Omar Perotti nunca tuvieron respuesta afirmativa en los dos años de constituida. La mayoría de los diputados de la comisión consideran importante que el Estado santafesino participe en la definición futura de la firma, pero nunca obtuvieron aval de la Casa Gris.

Capacitación

En el recinto de la Cámara de Diputados se realizó la primera capacitación obligatoria de los agentes públicos en perspectiva de discapacidad, en el marco de la ley 14.046 que establece dicha formación para promover e incentivar el acceso a los derechos. «Es un orgullo que la Cámara sea la primera institución provincial en poner en marcha estas instancias» señaló el presidente del cuerpo, Pablo Farías.

«Además de la importancia de que quienes formamos parte del Estado tengamos una perspectiva de derechos e inclusión, esta ley tiene mayor valor aún, porque es el resultado de un trabajo conjunto entre legisladores e instituciones y personas con discapacidad que trabajan para fortalecer los derechos y la participación», acotó el socialista.