El juez Fabián Lorenzini emitió un escrito en el que recordó que actualmente se están tramitando ante la Cámara de Apelaciones de Reconquista los recursos de apelación presentados por la sociedad VICENTIN SAIC y otros acreedores en contra de la resolución dictada por el juzgado que él dirige. Esta resolución rechazó la homologación de la propuesta concordataria y la apertura del proceso de concurrencia (cramdown), de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ). Destacó que el plazo para la intervención del Directorio de la concursada vencería el 31 de marzo de 2024.

El juez Lorenzini señaló que, aunque la Cámara de Apelaciones homologó la propuesta concordataria, el expediente aún no se ha remitido definitivamente, ni se ha comunicado la presentación de recursos contra esa sentencia, ni su eventual concesión o denegación. Hasta el momento de emitir su resolución, el juez tiene certezas sobre los efectos de la resolución homologatoria o la eventual suspensión de los mismos, de acuerdo con la ley que regula la concesión del Recurso Extraordinario Provincial.

Respecto a los interventores, el juez considera que su actividad ha sido crucial para el seguimiento de la administración y los negocios de la sociedad concursada. Sugiere mantener su labor vigente hasta que el órgano de administración se integre con directores representantes de las empresas inversoras, según lo establecido en los acuerdos empresariales.

Sin embargo, el juez expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las gestiones de recupero de las deudas en mora. Por ello, pidió a los interventores intensificar su labor y explicar los impedimentos al respecto, proponiendo medidas concretas para revertir esta situación de manera urgente.

En su escrito, el magistrado solicitó a los interventores la presentación de un informe detallado sobre las cuentas por cobrar a terceros y las cuentas por cobrar intercompany al final de los ejercicios económicos de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, incluyendo la mora de cada uno de ellos. También requirió la discriminación de los intereses devengados o devengables en cada caso, así como propuestas para el recupero de dichos créditos, con fecha límite de presentación el día 10 de abril de 2024.

Finalmente, el juez ordenó a la Sindicatura Plural que preste colaboración para asegurar que los interventores cuenten con toda la información necesaria para cumplir con el requerimiento realizado.