Las conclusiones del análisis del empleo público y de la evolución salarial en la Provincia de Santa Fe, permite identificar con claridad la profundidad y el carácter del ajuste implementado a partir del cambio de gestión iniciado en diciembre de 2023, dice el Centro de Economía Política de Argentina, CEPA.

Lejos de constituir un proceso homogéneo orientado exclusivamente a mejorar la «eficiencia» del Estado, la evidencia muestra un ajuste selectivo, con impactos diferenciados según sector, tipo de vínculo laboral y nivel jerárquico.

A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:

En primer lugar, se registra una reducción significativa del empleo público provincial durante 2024 y 2025, concentrada en los trabajadores administrativos, técnicos y profesionales del estado. La caída acumulada es cercana a los 6.000 puestos desde en marzo de 2025 contra 2023.

Este proceso resulta especialmente relevante considerando que Santa Fe ya presentaba uno de los ratios de empleo público más bajos del país.

En este marco, destaca la fuerte reducción en el sector educativo, con una pérdida aproximada de 4.800 puestos, equivalente al 8% de la planta. (Aquí no se analiza la política de Pullaro para disminuir los reemplazos por ausentismo).

En paralelo, se produjo un crecimiento extraordinario de la planta política, que más que triplicó su tamaño entre 2023 y 2025.

El aumento de autoridades superiores y la expansión de los cargos de asistentes técnicos —incluida la creación de nuevos niveles inexistentes en gestiones anteriores— implicaron un cambio en la lógica de contratación estatal y una mayor concentración de recursos en los cargos de mayores ingresos.

En segundo lugar, el ajuste se profundizó a través de una marcada pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales del personal público.

Desde noviembre de 2023, todos los sectores analizados registraron caídas salariales, con pérdidas que oscilan entre el 8,5% y el 17,4%.

Las mayores caídas se observan en el sector docente (17,4%) y en el sector salud , donde el personal de enfermería perdió un 17,3% de su poder adquisitivo.

El personal policial también sufrió un deterioro significativo, con una pérdida del 15,7% en el salario mínimo garantizado.

En la administración central, las categorías de menores ingresos —que concentran el 91% de los puestos— registraron una caída cercana al 11%, mientras que las categorías medias lograron recomponer e incluso mejorar su salario real, y las categorías altas mantuvieron niveles similares a los de noviembre de 2023.

En síntesis, el ajuste implementado en la provincia de Santa Fe combinó la reducción del empleo público, un marcado deterioro del poder adquisitivo de los salarios y una reconfiguración regresiva de la estructura estatal, trasladando el mayor costo del ajuste a los trabajadores de menores ingresos y a los sectores estratégicos del Estado provincial, como la educación y la salud.

Este proceso se dio en paralelo a una fuerte expansión y jerarquización de la planta política, con un aumento significativo de los cargos de mayor ingreso, lo que evidencia una redefinición de las prioridades del gasto público y plantea interrogantes sobre el impacto de estas decisiones en la equidad interna del Estado y en su capacidad para garantizar servicios públicos de calidad.

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