El proyecto de ley sobre régimen penal juvenil que hoy vuelve a instalarse en la agenda pública suele ser presentado, de manera reduccionista, como un simple debate sobre la baja o no de la edad de imputabilidad. Esa simplificación no solo empobrece la discusión, sino que además impide abordar el problema real en toda su complejidad. El proyecto es mucho más amplio: propone un régimen integral, con principios, garantías, procedimientos específicos y un enfoque diferenciado respecto de los adultos. Discutirlo únicamente en términos de “sí o no a la baja” es no haberlo leído o, peor aún, no querer discutirlo en serio.

En una democracia madura no solo está bien discutir los temas importantes: es una obligación. La política pierde sentido cuando ciertos asuntos se declaran tabúes y quedan fuera del debate público. El régimen penal juvenil es uno de ellos. Pretender que no se discuta, o que se clausure el intercambio con descalificaciones morales, es una forma de empobrecer la vida democrática.

Tampoco resulta sano reducir la discusión a quién presenta el proyecto o a quién se busca interpelar con él. Analizar una norma en función de su autor, y no de su contenido, es una forma de pereza intelectual. El derecho penal —y más aún cuando involucra a niños y adolescentes— exige argumentos, datos, principios y coherencia sistémica, no alineamientos automáticos ni reflejos partidarios.

Si el interés superior del niño y del adolescente es, como lo es, un valor central de nuestro régimen jurídico —con jerarquía constitucional y respaldo en tratados internacionales—, entonces la discusión sobre imputabilidad debe darse precisamente en esos términos. No desde el miedo, pero tampoco desde una negación de la realidad. No desde el castigo, pero tampoco desde una falsa protección.

Porque conviene decirlo con claridad: la inimputabilidad absoluta del menor no necesariamente lo protege. En muchos contextos, por el contrario, lo expone. Lo convierte en una herramienta funcional al mundo criminal adulto, que aprovecha esa inimputabilidad para utilizarlo como ejecutor de delitos cada vez más graves. Mirar para otro lado frente a ese fenómeno no es progresismo; es desentenderse del problema.

Tal vez el error esté en pensar la imputabilidad como una frontera rígida fijada exclusivamente por la edad. Nada impide —desde una perspectiva jurídica seria— pensar un sistema en el que la imputabilidad o no de un menor se determine en cada caso concreto, mediante procedimientos específicos, con pericias interdisciplinarias y con todas las garantías del debido proceso. Un sistema que evalúe madurez, comprensión del hecho, contexto y capacidad de autodeterminación, en lugar de descansar en una cifra arbitraria.

En cualquier caso, la decisión que se adopte sobre imputabilidad debe ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico. No tiene sentido atribuir a los adolescentes capacidad para asumir determinadas responsabilidades —civiles, laborales, familiares o incluso penales en ciertos ámbitos— y al mismo tiempo negarles toda posibilidad de responsabilidad penal bajo un régimen especial o viceversa. La coherencia normativa también es una forma de justicia.

Discutir estos temas a fuerza de slogans, hashtags o consignas emotivas no aporta soluciones. La realidad es demasiado compleja como para resolverse en 280 caracteres. La política criminal, especialmente cuando involucra a menores, exige reflexión, datos, humanidad y responsabilidad.

En lo personal, creo que si se cumple efectivamente con el mandato constitucional sobre el fin de la pena —esto es, la resocialización y no la mera retribución—, es posible discutir una baja de la edad de imputabilidad como una forma de protección del menor, no de castigo. Un régimen con penas diferenciadas, orientadas a la educación, la reintegración social y el acompañamiento estatal puede ser más garantista que la actual indiferencia jurídica.

Nada de esto se opone ni contradice con posturas progresistas que sostienen —con razón— que deben mejorarse las condiciones sociales, educativas, sanitarias y económicas. Una cosa no excluye a la otra. Pensar que el debate penal invalida la deuda social es plantear una falsa dicotomía. El Estado puede —y debe— hacer ambas cosas a la vez.

El desafío es animarse a discutir sin prejuicios, sin consignas vacías y sin miedo. Porque cuando se trata de niños y adolescentes, no discutir seriamente también es una forma de abandono.